ALBUQUERQUE — El informe "Inmigrantes y la Economía de Nuevo México: Trabajando Duro por Salarios Bajos" indica que los inmigrantes indocumentados contribuyen más en los impuestos estatales, de venta, propiedad e ingresos que de lo qué el estado gasta en educar a los hijos de los inmigrantes.

"Esta es la realidad de los hechos y la comunidad tiene el derecho de saber su realidad", señaló Gerry Bradley, director de la sección de investigación de la agencia New Mexico Voices for Children, en una conferencia de prensa el 24 de junio en el South Valley Economic Center, en Albuquerque.

Según el informe, la población extranjera que reside en Nuevo México -sin importar su estatus migratorio- aporta a la economía estatal por medio de su alta participación en el campo laboral.

"Los inmigrantes trabajan en el sector laboral privado y son empresarios más que los nativos de EE. UU.", explicó Bradley. "Los estadounidenses se encuentran más trabajando para el gobierno. Además, los estadounidenses están en posiciones de administración con buenos salarios y en campos profesionales mientras que los inmigrantes trabajan en sectores con salarios más bajos como en las industrias de servicio, producción y construcción".

Bradley también señaló que los inmigrantes indocumentados trabajan en esos sectores debido a que la mayoría de las veces no tienen un certificado de bachillerato y tienen problemas con la destreza del inglés.

No obstante, el informe aclara que los inmigrantes indocumentados no son una carga para el sistema del cuidado médico como el Medicaid u otros programas federales como el Seguro Social. Éste explica que los inmigrantes con un estatus migratorio legal tienen que vivir en el país for cinco años antes de que puedan solicitar algunos programas federales. El único programa federal que los inmigrantes indocumentados pueden tener acceso es a la educación pública y al cuidado médico de emergencia.

"Mientras que los inmigrantes están aquí para trabajar, sólo el 38 por ciento de los trabajadores extranjeros cuentan con un seguro médico proveído por la empresa en la que trabajan, comparado con el 63 por ciento de trabajadores estadounidenses", indica el informe. "Otras investigaciones señalan que el uso de la sala de emergencias es menos en áreas con altas concentraciones de inmigrantes que en áreas con poblaciones con no inmigrantes".

Brandley explicó que los datos del informe están basados en información del U.S. Census Bureau; el reporte no hace una diferencia entre inmigrantes con residencia legal y personas indocumentadas.

Por otro lado, otra investigación que no hizo diferencia entre la inmigración legal e ilegal es "The Fiscal Impact of Immigration: An Exclusive Report on the Costs to 15 Federal Department and Agencies" (El Impacto Fiscal de la Inmigración: Un Informe Exclusivo Sobre el Costo a 15 Departamentos y Agencias Federales), cuya información contradice algunos puntos de la investigación de New México Voices for Children.

Según la investigación hecha por el economista y periodista Edwin S. Rubenstein, que se dio a conocer el pasado mes de abril, los inmigrantes en EE. UU. son más pobres, pagan menos impuestos y están entre los que probablemente recibirán más beneficios públicos que los estadounidenses.

"A nivel federal, inmigrantes indocumentados reciben más de $26 billones al año en servicios federales y sólo pagan $16 billones en impuestos federales, creado una déficit del año fiscal de aproximadamente $10,3 billones", indicó Rubenstein por medio del informe que utilizó datos de El Centro para Investigaciones sobre Inmigración (Center for Immigration Studies).

Pero Bradley aclaró, en la conferencia de prensa del martes, que los inmigrantes aportan al fondo del Seguro Social, dinero que nunca van a poder aprovechar.

De acuerdo con Brenda Loya, coordinadora en Immigrant Coalition, en Albuquerque, quién también desmintió los datos del reporte de Rubenstein, los inmigrantes sin un estatus migratorio legal no pueden recibir ningún tipo
de ayuda federal y ni siquiera los solicitan.

"Hay algunos programas a nivel estatal de los que sí se pueden beneficiar y aun así no los aprovechan", señaló Loya.

La investigación de Rubenstein, publicada por la revista The Social Contract, es sólo una pieza de información utilizada por grupos antiinmigrantes como FAIR (Federation for American Immigration Reform o Federación para una Reforma Migratoria Americana) para polarizar aun más el tema de inmigración y sus efectos en EE. UU., comentó Bradley luego de la conferencia de prensa.

"Hay mucha retórica antiinmigrante en la comunidad sobre las supuestas razones por las que los extranjeros vienen a los Estados Unidos, pero los datos muestran una imagen muy clara: ellos vienen aquí a trabajar", señaló Bradley.