WASHINGTON, D. C. — La reforma judicial que aprobó el senado de México es un paso histórico pero incluye elementos, como la detención sin presentación de cargos, que violarían los derechos humanos, advirtió el grupo humanitario Human Rights Watch, el 7 de marzo.

La reforma al sistema judicial, aprobada el 6 de marzo de forma abrumadora en el senado, permite la realización de juicios orales públicos y garantiza la asunción de la inocencia de los acusados hasta que se demuestre lo contrario.

El paquete de reforma judicial debe ser aprobado por al menos 17 de los 31 estados mexicanos para entrar en vigor.

Human Rights Watch (HRW) elogió esa parte de la reforma porque supone un mayor respeto a los derechos fundamentales, pero criticó la propuesta de modificar el artículo 16 de la Constitución mexicana.

Esa modificación permitiría que los fiscales, con permiso judicial, pueden detener -por hasta 80 días, según las circunstancias- a quienes presuntamente participan en el crimen organizado sin presentación de cargos.

En una carta enviada al presidente mexicano, Felipe Calderón, el grupo dijo que ese período de detención preventiva de hasta 80 días sería el mayor de su tipo en cualquier democracia en el hemisferio occidental.

HRW citó como ejemplos que, en la lucha antiterrorista, la detención preventiva es de un día en Canadá, de dos días en Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica, y de cinco días en Italia y España.

En el Reino Unido, la detención preventiva para ciertos delitos de terrorismo fue recientemente ampliada a 28 días, aunque los tribunales británicos aún no han determinado si eso viola las leyes de derechos humanos, señaló HRW.

La detención prolongada sin presentación de cargos viola el derecho fundamental a la libertad y seguridad del individuo y las protegidas contra las detenciones arbitrarias, consagradas en el derecho internacional, subraya en la misiva, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.

Vivanco también expresó preocupación por un segundo elemento de la reforma judicial, que niega a los jueces la capacidad de decidir si un individuo debe o no continuar tras las rejas o si podrá obtener libertad condicional antes o durante su juicio.

La detención sin cargos y la negación de libertad condicional en ciertos casos son elementos que necesitarán modificación para evitar que se cometan graves abusos a los derechos humanos en el futuro, urgió Vivanco en la misiva fechada 6 de marzo.