Casi está lista una nueva prisión en Otero County

Supuestamente será para inmigrantes indocumentados; esperan que lleguen de uno a 250 detenidos cada día

Por Bryan Gibel | Para La Voz |

3/14/2008 - 3/14/08

ALBUQUERQUE — Una cárcel privada de 1.096 camas para inmigrantes detenidos está en construcción en el sur de Nuevo México, a pesar de las quejas sobre las condiciones severas que enfrentan los inmigrantes presos en los centros privados de detención del estado.

El Condado Otero emitió más de $62 millones en bonos en mayo del 2007 para pagar el costo de la cárcel, que se está construyendo al lado de Otero County Prison Facility, una cárcel privada en Chaparral, Nuevo México.

La instalación espera de uno a 250 detenidos al día, y la oficina de Immigration and Customs Enforcement (I.C.E. por sus siglas en inglés) ha declarado de manera informal su posible interés en ampliar el edificio nuevo para acomodar 2.000 camas, según un apéndice en los documentos preparados para el Condado antes de la emisión de los bonos.

"Cada vez que se construye alguna instalación, siempre existe la capacidad para expandirla si es necesario", dijo James Frawner, el alcaide de Otero County Prison Facility.

El gobierno de EE. UU. detiene a más de 280.000 personas acusadas de inmigración ilegal cada año y el I.C.E. aumentó su capacidad para detenidos por más de 6.000 camas en el 2007, según Detention Watch Network, una coalición nacional que trata asuntos de detención y deportación de inmigrantes.

Los documentos de los bonos para esta instalación del Condado Otero indican que I.C.E. pagará unos $78 al día por cada detenido encarcelado en la instalación que está en construcción en Chaparral. Si este nuevo centro opera a un 90 por ciento de su capacidad, generaría más de $25 millones de ingresos anuales, dicen los documentos del condado.

Management and Training Corporation va a dirigir el nuevo centro de detención, según los documentos. Esta empresa tiene su sede en Utah y opera 12 instalaciones similares a través del país, incluso la que ya existe en Chaparral.

La instalación nueva se utilizará para inmigrantes detenidos que esperan deportación o transferencia y su diseño incluye salas para juicios, oficinas administrativas y una flota de por lo menos 15 autobuses y furgonetas, según los documentos del condado.

Sin embargo, I.C.E. y el Condado Otero no han llegado a ningún acuerdo oficial sobre las operaciones de la prisión, dijo Leticia Zamarripa, la portavoz de I.C.E., en una entrevista telefónica, el 4 de marzo.

La construcción de la prisión nueva está en sus fases finales y debería estar lista para entrar en operaciones en unos tres meses, según Frawner.



Muchos de los detenidos que vienen a El Paso, Texas para audiencias en los tribunales de inmigración se quejan con frecuencia de las malas condiciones en la instalación de Chaparral, donde también encarcelan a criminales federales y locales, dijo Iliana Olguín, directora ejecutiva de Diocesan Migrant and Refugee Services (DMRS), un ministerio católico en El Paso, que provee servicios legales gratis a los inmigrantes detenidos.

"Repetidamente, escuchamos de personas que nos ruegan para ver si es posible que se queden aquí y no tener que regresar a la instalación en Otero", dijo Olguín. "Hemos recibido informes sobre la falta de acceso a servicios médicos. Prácticamente no existe una biblioteca. Están muy, muy aislados allí."

DMRS es la única organización que visita Chaparral regularmente y la administración de la cárcel sólo permite acceso limitado a los detenidos, según Olguín. Es difícil obtener relatos directos de los detenidos porque la mayoría de los inmigrantes que salen de ella son deportados, dijo.

Sin embargo, algunos inmigrantes se han quejado de que los ponen en reclusión solitaria en Chaparral, aunque la mayoría de ellos no tiene acusaciones criminales, dijo Edgar Maldonado, un representante de DMRS que visita la prisión semanalmente para dar presentaciones sobre el proceso de deportación.

"Nos dicen que a los detenidos los ponen en el "shu" porque no hicieron esto o aquello, es como estar en solitaria", dijo. "Los ponen allí si no se portan bien, si causan problemas o si no siguen las reglas. Varía. A veces los dejan [en el "shu"] una semana."

Olguín también dijo que su organización ha visto otros problemas, como la falta de acceso de los detenidos a asistencia médica y ha tenido que contactar a I.C.E. directamente para resolver por lo menos un incidente.

"Tuvimos que intervenir en el caso particular de un hombre", dijo. "Su familia estaba desesperada, porque cuando lo detuvieron no tenía su medicamento, el cual necesitaba, y su salud se estaba deteriorando verdaderamente. Tuvimos que quejarnos con funcionarios de I.C.E. aquí en El Paso para tratar de que, finalmente, le dieran a este hombre su medicamento."

Maldonado dijo que la situación ocurrió en el verano del 2007. Dijo que el hombre probablemente era diabético y se le estaba dificultando caminar.

Estos tipos de acusaciones no son los primeros que han surgido sobre las cárceles privadas que detienen a inmigrantes ilegales en Nuevo México.

En junio del 2007, la jueza federal del distrito de Albuquerque, Martha Vázquez, mandó una carta a la empresa a cargo del Regional Correction Center, una cárcel privada situada en el centro de Albuquerque, en la que expresó su preocupación sobre problemas de asistencia médica, condiciones físicas y nutrición en ese centro.

La jurista relató historias que algunos reclusos le contaron durante sus visitas a ese centro en el verano del 2007, como desaparición de artículos personales, conducta sexual inapropiada y castigos por denunciar las malas condiciones en la instalación.

Un caso bajo investigación por parte de las autoridades federales es el de una mujer coreana que murió mientras estaba en la custodia de ese centro de detención en Albuquerque, en el 2006. Los repetidos pedidos de la mujer para que le brindaran asistencia médica fueron ignorados, según abogados familiarizados con el caso.

Más aún, en julio del 2007, I.C.E. sacó a los 600 inmigrantes detenidos que tenía en el Regional Correction Center de Albuquerque, citando serias dudas sobre el cumplimiento del compromiso de la cárcel de proveer un "ambiente seguro y humano".

No está claro adónde han llevado a los prisioneros del Regional Correction Center, pero los documentos de los bonos del Condado de Otero muestran que la solicitud original de I.C.E. para la cárcel nueva en Chaparral pedía que estuviera terminada para el 1º de agosto del 2007.

Zamarripa dijo que su entidad revisa regularmente las quejas de sus detenidos en el Condado de Otero para asegurar que se cumplan los estándares de detención de I.C.E.

"No hemos encontrado ninguna queja de la naturaleza que se ha descrito", dijo. "Realmente, no podemos entrar en detalles debido a los derechos de privacidad de los detenidos."



Además de las quejas de las condiciones severas, los inmigrantes detenidos en Chaparral casi nunca tienen representación legal porque no hay servicios legales gratis en Nuevo México para inmigrantes en procedimientos de deportación, según Maldonado.

Esto significa que los abogados tienen que viajar de El Paso para reunirse con los detenidos en el Condado de Otero, dijo.

"Si habla con la mayoría de abogados, realmente, ellos no quieren ir hasta allá", dijo Maldonado. "No es muy lejos, pero cuando se toma en cuenta el tiempo para viajar y el tiempo que toma que le lleven al detenido, [las horas] van subiendo. Eso dificulta más que la persona detenida allá consiga representación [legal]."

DMRS ha planteado repetidas protestas al I.C.E. sobre la imposibilidad de los inmigrantes detenidos en Chaparral de llamar a organizaciones comunitarias para obtener asesoría legal, dijo Olguín.

"Uno de los estándares de la prisión requiere que los detenidos tengan acceso a llamadas [telefónicas] gratis a la organización no lucrativa más cercana a ellos que pudiera proveerles ayuda", dijo. "Con Otero, los detenidos necesitaban darle al personal de la cárcel los números a los que querían llamar para que los pusieran en una lista especial para permisos. El problema es que si es un inmigrante detenido, no sabe nuestro número, entonces no se lo puede dar al personal del centro."

La situación ha mejorado desde que la prisión facilita a los inmigrantes la información para servicios legales gratis, pero los detenidos todavía se quejan de las dificultades para conseguir una línea telefónica y poder escuchar, así como de tener que pagar sus llamadas con tarjetas telefónicas, dijo Olguín.

Según Maldonado, proveer asesoría legal y responder a las quejas de los inmigrantes detenidos en el Otero County Prison Facility ya es difícil y cuando abra la nueva instalación será peor.

"Escucho quejas y la verdad es que nosotros realmente no tenemos los recursos para involucrarnos y verificar si los problemas se han resuelto", dijo. "La nueva instalación ya está casi lista para abrir. No estoy seguro de lo que vamos a hacer cuando eso suceda, porque estamos abarrotados [de casos]."